Hay claridad sobre la apremiante necesidad que tiene la candidata del PAN, PRI y PRD a la gubernatura, Libia Dennise García Muñoz Ledo, de plantear cambios de fondo en materia de seguridad pública a nivel estatal. La gran duda que prevalece es que tanta libertad tendrá para aplicarlos e incluso para ofrecerlos en plena campaña por la gubernatura.
De lo anterior ha trascendido la inminente salida de Alvar Cabeza de Vaca Appenidini como Secretario de Seguridad Pública del Estado, luego de doce años que al final del camino dejan un estado sumido en una crisis de violencia, una policía estatal fortalecida pero insuficiente como para instalar un Mando Único Policial que provocó una debilidad mayor en los municipios donde se implementó.
En lo que toca al Fiscal General del Estado (FGE), Carlos Zamarripa Aguirre, no hay tanta certeza. Está por sumar 15 años al frente de la procuración de justicia, por los que se le ha señalado como el primer causante de la crisis de violencia debido a la impunidad que no ha logrado remontar. Además, su papel autónomo, le dio mayor poder e influencia política.
Por lo pronto, Libia ya lanzó las primeras señales del nivel de importancia que reconoce en el tema de la seguridad, sus intenciones de reajustar la estrategia sumando a la academia y el cálculo político que es capaz de aplicar en lo concerniente a víctimas de la violencia, como las personas desaparecidas y los colectivos de búsqueda.
El fin de semana que recién terminó, la abanderada del PAN dejó para la opinión pública el anunció del Consejo Consultivo Ciudadano para la construcción de la paz en Guanajuato. Lo que más destaca
es el variopinto grupo de mujeres y hombres que lo componen. Incluye a voces críticas y consistentes -incluso contra Zamarripa- desde el inicio del crecimiento de la violencia hace más de un lustro.
Por ejemplo, está María Elena Morera Mitre quien preside la organización Causa en Común cuyo recuento de policías asesinados y atrocidades, tanto ha incomodado tanto a Alvar como a Zamarripa; Eduardo Guerrero Gutiérrez, investigador experto en seguridad pública quien fue el primero en denunciar la incongruente cifra de asesinatos culposos “con otro elemento” que reporta Guanajuato.
Sólo dos personajes locales fueron integrados. La buscadora e integrante del colectivo Proyecto de Búsqueda, Olimpia Montoya Juárez, y el exprocurador de los derechos humanos del estado de Guanajuato, Manuel Vidaurri Aréchiga.
